Desalojan a periodistas del CNE cuando intentaba cubrir protesta pacífica de Yasunidos

Quito, 15 agosto 2019 (FDM).- 

La tarde del 15 de agosto, Luis Vivanco y Anderson Boscán, del portal La Posta, fueron desalojados del Consejo Nacional Electoral, en donde pretendían realizar una cobertura sobre la toma pacífica del colectivo Yasunidos, quienes exigen que se lleve a cabo un referéndum sobre la explotación petrolera en esa zona.

“Al tratarse de un tema de interés público ingresamos al CNE para hacer la cobertura. El coronel Rolando Tapia ordenó a un grupo de policías, con atuendos antimotines y escudos, que nos desalojen a empujones de las instalaciones, mientras el Coronel se refería a nosotros como payasos, con una actitud absolutamente alevosa y hostil”, denunció Vivanco a FUNDAMEDIOS.

Cabe indicar que el coronel Tapia, exjefe de la escolta legislativa, fue acusado por atentar contra la seguridad interna del Estado, tras la revuelta policial del 30 de septiembre.

Horas después de este incidente, según Vivanco, la presidente del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, se comunicó con él para decirle que no había dado orden explícita desalojarlos y que investigaría lo sucedido.

Benito Bonilla del colectivo Yasunidos, además, expresó su preocupación, pues según indicó, aparte del desalojo de periodistas, funcionarios del CNE retiraron mesas y sillas de la sala de prensa interfiriendo en el trabajo periodístico.“Es un grave hecho que atenta con la libertad de expresión”, señaló.

Nuestra organización intentó contactarse con la presidenta de la institución, pero no fue posible. También ubicamos al Director de Comunicación del CNE, pero no quiso manifestarse al respecto vía telefónica. Sin embargo, emitieron un comunicado en el que desmienten que se haya negado el ingreso a la prensa. Sobre el caso de La Posta, aseguran que solo “se solicitó cumplir con los protocolos de seguridad; entre estos identificarse, con la finalidad de brindar las facilidades según el área a la que acudían”.

Fundamedios condena enérgicamente estos hechos que vulneran el derecho de los ciudadanos a ser informados y de los periodistas a informar sobre hechos de interés público en una institución pública. 

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